Veracruz: Impunidad que mata

- en Columnas

La impunidad es el verdadero cáncer que ha hundido a México en la espiral de corrupción y violencia a lo largo de los años.

La impunidad es el verdadero cáncer que ha hundido a México en la espiral de corrupción y violencia a lo largo de los años.
El hecho de que los delincuentes no reciban castigo por los crímenes que cometen, en todos los ámbitos, alienta su proliferación. Esto aplica tanto para el orden público como para el privado.
En estados como Veracruz, la impunidad es un mal endémico, enquistado en la política y en el quehacer gubernamental a tal magnitud, que llega a ser letal, mortal.
Durante el presente sexenio estatal, el ejercicio periodístico ha sido una de las principales víctimas de esa lacerante falta de castigo a los crímenes. Diez periodistas asesinados, cinco desaparecidos y una veintena en el exilio dan cuenta de más de cuatro años de horror.
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa se empeña en restar méritos al trabajo de los reporteros en Veracruz y en ningún caso ha querido aceptar que las agresiones a los comunicadores se deban a su labor periodística. Le es más conveniente encuadrarlas en “cuestiones personales”, “malas compañías” o razones de cualquier otra índole.
Y lo hace porque tampoco quiere aceptar su responsabilidad en el clima de ataques a la libertad de expresión en Veracruz, alentada, por obra u omisión, desde el propio gobierno.
Pero en los hechos, el duartismo también es culpable de esa impunidad que, en Veracruz, mata.
“Cuco”
El 17 de Septiembre de 2011, el reportero del Diario de Acayucan, Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como “Cuco”, desapareció en aquella ciudad sin que hasta la fecha haya rastros de su paradero.
Tras el asesinato en Coatzacoalcos del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en febrero de 2014, un grupo de comunicadores de Acayucan salió a las calles a exigir que también se abriera una investigación por el caso de “Cuco”, que llevaba tres años sin que la autoridad ministerial siquiera se diera por enterada.
El caso fue turnado a la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, que encabeza Mireya Toto Gutiérrez, quien se comprometió a proporcionar información a la Unión de Periodistas de Acayucan y a los padres de “Cuco” sobre los avances de la indagatoria. Pero el caso siguió en la penumbra.
Para finales del año pasado, se supo en la región sur de Veracruz que el Gobierno del estado había encontrado dos cuerpos quemados en la zona de Acayucan e indicios de que uno de éstos era el del reportero desaparecido. Pero hasta el día de hoy, no hay resultados de las muestras de ADN recabadas.
Mientras tanto, a la desaparición de “Cuco” se han sumado otras tragedias. Ante el dolor y la desesperación por la pérdida de su hijo, su madre se trastornó mentalmente y, de acuerdo con los conocidos de Fonseca Hernández, sale a buscarlo y se pierde por las calles de Acayucan. Por solidaridad, los reporteros amigos de “Cuco” van por ella y la llevan a su casa.
El gobierno estatal apenas le envía a la familia de “Cuco” 900 pesos mensuales para el apoyo psicológico de su madre, pero no cubren la comisión por el envío, que debe asumir su padre, de oficio bolero y, por ende, de escasos recursos.
Entre los periodistas del sur de Veracruz permea la idea de que para el gobierno de Javier Duarte es mejor mantener a “Cuco” en calidad de desaparecido que integrarlo a las estadísticas de reporteros muertos en Veracruz. Mejor no saber de él, que admitir que lo encontraron calcinado dentro de un tambo.
Nadie está detenido ni investigado por su desaparición.
“Goyo”
Hace un año, el 6 de febrero de 2014, Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la nota roja de los diarios Notisur y Liberal del Sur, ambos establecidos en Coatzacoalcos, fue secuestrado por un comando armado afuera de su domicilio particular, en la comunidad de Villa Allende.
Gracias a la enorme presión nacional e internacional de parte de medios y periodistas, el Gobierno de Veracruz se dio a la tarea de buscarlo, lo que logró hacia el 11 de febrero. Solo que ya estaba muerto, enterrado en una fosa clandestina en una casa de seguridad en el municipio de Las Choapas, junto con un lí-der político también desaparecido, del que había escrito notas sobre su caso por esos mismos días.
De inmediato, la autoridad ministerial intentó encuadrar su caso en un pleito vecinal y descartar como móvil del crimen su actividad periodística, no obstante que Jiménez de la Cruz publicó notas sobre tráfico de personas en un bar, propiedad de quien es la principal implicada en su asesinato.
A la fecha, los indiciados por el homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz siguen bajo proceso y sin sentencia, e incluso con posibilidades de salir de prisión por inconsistencias en las investigaciones y violaciones al debido proceso de parte del Ministerio Público. Mientras que su familia ha sido desamparada, tanto por las empresas periodísticas para las que “Goyo” Jiménez trabajaba, como por el gobierno estatal, que se desentendió de su suerte.
Desde que se supo de su plagio, la tarde-noche del 2 de enero de 2015, el caso de Moisés Sánchez Cerezo fue más debatido por el hecho de si es o no periodista, que por la agresión en sí. Como si el secuestro de un ser humano debiera o no ser atendible en función de su profesión.
Sánchez Cerezo editaba un humilde periódico impreso, de nombre La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo, colindante con el puerto de Veracruz y con Boca del Río. Aunque tenía meses de no sacarlo a la calle por falta de recursos, continuaba ejerciendo un periodismo comunitario a través de su blog y sus cuentas de redes sociales. A la par, para llevar el sustento a su hogar, manejaba un taxi.
Eso le ha servido al gobierno de Javier Duarte y a sus textoservidores como estandarte para negar que se haya agredido a un periodista más en Veracruz, en detrimento de la de por sí vapuleada imagen de la más infausta administración estatal de que se tenga memoria en el estado de Veracruz.
En lugar de darse a la tarea de buscar a Moisés, la Fiscalía General del Estado, que encabeza Luis Ángel Bravo Contreras, se dedicó todo el tiempo a demorar las investigaciones y a buscar sacar raja política, señalando como presunto culpable, sin ir más allá en las indagatorias, al alcalde panista de Medellín, Omar Cruz Reyes, a quien Sánchez Cerezo criticaba fuertemente en los medios que el propio gobierno estatal se ha negado a ver. Y en esa línea se quedó. El Edil ya fue señalado directamente como presunto autor intelectual.
Debido a la presión ejercida por una parte del gremio periodístico veracruzano –el que no está cooptado por el gobierno de Javier Duarte–, la Fiscalía General del Estado tuvo que hacerse responsable del caso. Pero los resultados son deplorables. La noche del domingo 25 de enero, tres semanas después del secuestro, Luis Ángel Bravo Contreras salió a anunciar que Moisés Sánchez Cerezo fue hallado sin vida, con signos de tortura, cercenado, en un paraje de Manlio Fabio Altamirano, municipio cercano a Medellín.
Pero para el Fiscal, Moisés fue asesinado por ejercer su libertad de expresión. Se niega a reconocerlo como periodista.
Regina
A casi tres años de su artero asesinato, el caso de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, permanece en la congeladora, con un supuesto culpable en prisión, cuyas huellas dactilares no aparecieron en la escena del crimen y que en su momento fue dejado en libertad por haber sido obligado a confesar su culpabilidad bajo tortura.
Regina, quien toda su carrera se distinguió por ejercer un periodismo crítico, valiente y frontal hacia los abusos de poder, también sufre la doble victimización a la que el gobierno de Javier Duarte somete a los periodistas muertos en Veracruz: por un lado el asesinato y por otro el lodo lanzado sobre su memoria, al pretender imponer la versión de que, como en todos los casos para el gobierno veracruzano, su homicidio no está relacionado con su actividad profesional, sino, en particular, a un robo producto de una parranda con “conocidos”.
El gobierno estatal nunca investigó absolutamente nada sobre los señalamientos hechos por la periodista en reportajes publicados en Proceso sobre la corrupción y colusión con el crimen organizado de conocidos políticos veracruzanos que, hasta la fecha, siguen en el tintero, aspirando a cargos de elección popular y espacios de poder, inmensamente ricos.
Nada les preocupa. Saben que en Veracruz los cubre el manto oscuro de la peor impunidad.
Con Información de etcetera.com.mx