ONU pide a gobierno mexicano liberar a jóvenes torturados por militares en 2009

- en Nacional
Los jóvenes fueron torturados para declararse responsables del delito de secuestro en Baja California.

Seis años después de su detención, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez, así como Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez podrían abandonar la cárcel si el gobierno acata las recomendaciones que le hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) para que dejar en libertad a los cuatro jóvenes torturados por militares en Baja California en el 2009.

Dentro de 90 días se deberá informar al CAT sobre las medidas adoptadas para atender los señalamientos de dicha resolución, de lo contrario, incumpliría con una obligación adquirida por la firma de los tratados internacionales.

El 16 de junio de 2009 sin orden de aprehensión o presentación, los hermanos Ramírez Martínez y Santaolaya Villarreal fueron detenidos por miembros de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito. El mismo día, López Vásquez fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal sobre la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras descansaba de su jornada laboral.

Los jóvenes fueron sometidos a golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixia con bolsas de plástico, permanecieron amarrados de pies y manos sin ingerir alimentos en las instalaciones.

Los detenidos fueron trasladados a dos casa particulares donde la tortura continuó a manos de los militares, quienes los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de secuestro.

Los jóvenes fueron llevados a la Segunda Zona Militar a donde se les presentó ante medios como una banda de secuestradores y donde fueron fotografiados con armas, además de acusados de diversos delitos. Las víctimas narran que un día después de ser detenidos se les obligó a firmar sus declaraciones ante la autoridad ministerial mediante tortura y con los ojos vendados.

Tras la presentación fueron trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, denominado “Aguaje de la Tuna” donde permanecieron bajo arraigo, ahí fue cuando pudieron ver a sus familiares.

El 31 de julio fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia.

En 2012, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura quienes llevan la defensa de las víctimas, presentaron una comunicación del caso ante el CAT que es la primera que se presenta en contra de México.

El CAT resolvió la liberación de los jóvenes torturados y la investigación a los responsable de la tortura, así como la utilización arbitraria del arraigo, la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la falta de reparación y la obtención de prueba ilícita.

“Es una resolución histórica en el sentido de que un nuevo organismo internacional da cuenta de la comisión de actos de tortura y de estas violaciones graves»

Seis años después de su detención, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez, así como Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez podrían abandonar la cárcel si el gobierno acata las recomendaciones que le hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) para que dejar en libertad a los cuatro jóvenes torturados por militares en Baja California en el 2009.

Dentro de 90 días se deberá informar al CAT sobre las medidas adoptadas para atender los señalamientos de dicha resolución, de lo contrario, incumpliría con una obligación adquirida por la firma de los tratados internacionales.

El 16 de junio de 2009 sin orden de aprehensión o presentación, los hermanos Ramírez Martínez y Santaolaya Villarreal fueron detenidos por miembros de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito. El mismo día, López Vásquez fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal sobre la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras descansaba de su jornada laboral.

Los jóvenes fueron sometidos a golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixia con bolsas de plástico, permanecieron amarrados de pies y manos sin ingerir alimentos en las instalaciones.

Los detenidos fueron trasladados a dos casa particulares donde la tortura continuó a manos de los militares, quienes los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de secuestro.

Los jóvenes fueron llevados a la Segunda Zona Militar a donde se les presentó ante medios como una banda de secuestradores y donde fueron fotografiados con armas, además de acusados de diversos delitos. Las víctimas narran que un día después de ser detenidos se les obligó a firmar sus declaraciones ante la autoridad ministerial mediante tortura y con los ojos vendados.

Tras la presentación fueron trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, denominado “Aguaje de la Tuna” donde permanecieron bajo arraigo, ahí fue cuando pudieron ver a sus familiares.

El 31 de julio fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia.

En 2012, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura quienes llevan la defensa de las víctimas, presentaron una comunicación del caso ante el CAT que es la primera que se presenta en contra de México.

El CAT resolvió la liberación de los jóvenes torturados y la investigación a los responsable de la tortura, así como la utilización arbitraria del arraigo, la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la falta de reparación y la obtención de prueba ilícita.

“Es una resolución histórica en el sentido de que un nuevo organismo internacional da cuenta de la comisión de actos de tortura y de estas violaciones graves»