Se castigaría con prisión a los servidores públicos que rindan informes erróneos

- en Carrusel, Estado

El diputado Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz imponiendo de tres a diez años de prisión, multas de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal al servidor público de cualquier nivel que rinda informes falsos en las comparecencias.

La iniciativa prevé establecer que se impondrán de tres a diez años de prisión, multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización de multa, y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal, al servidor público de cualquier nivel que al comparecer ante el Congreso del Estado, rinda informes falsos, falte a la verdad en sus declaraciones, incumpla en proporcionar los informes, datos o documentos relevantes relacionados con el desempeño de su encargo, requeridos en sus comparecencias ante esta Soberanía o sus comisiones, y obstaculice las acciones de transparencia de la información a las que está obligado por ley.

El legislador del Grupo “Juntos por Veracruz” expuso que durante mucho tiempo en las comparecencias que se llevan a cabo en el Poder Legislativo los secretarios de despacho han presentado información errónea e incompleta sobre el tema de rendición de cuentas por lo que es necesario tipificar la figura jurídica que frene la omisión de información y obstaculice las acciones de transparencia.

En tal virtud el legislador propone actualizar el primer párrafo y adicionar la fracción III del artículo 320 del Código Penal del Estado, ya que actualmente sólo se castiga al servidor público que tenga conocimiento o posibilidad de lesionar el patrimonio de los poderes públicos, o en su caso evite el daño si está dentro de sus facultades y si al concluir su empleo, cargo o comisión no entrega la información que estaba bajo su responsabilidad.

“Es necesario aprobar esta medida para encuadrar en una figura jurídica a los infractores que pretendan acudir a este Congreso del Estado, a mentir a los veracruzanos, a burlarse de las necesidades y carencias de la sociedad”, advirtió.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su desahogo y análisis.