Artículo De los Ángeles a los Demonios| El Poder Judicial y la justicia digital (segunda parte)

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El pasado 8 de junio se publicó la primera parte de este artículo semanal titulado “el Poder Judicial y la justicia digital”, a través del cual se abordó el impacto de la pandemia originada por el Covid-19 en la impartición de justicia, pues como consecuencia de esta emergencia sanitaria desde el mes de marzo tanto el Poder Judicial de la Federación como los Tribunales locales, se vieron en la necesidad de suspender actividades presenciales con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud  tanto de los servidores públicos como de los justiciables.

El pasado 8 de junio se publicó la primera parte de este artículo semanal titulado “el Poder Judicial y la justicia digital”, a través del cual se abordó el impacto de la pandemia originada por el Covid-19 en la impartición de justicia, pues como consecuencia de esta emergencia sanitaria desde el mes de marzo tanto el Poder Judicial de la Federación como los Tribunales locales, se vieron en la necesidad de suspender actividades presenciales con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud  tanto de los servidores públicos como de los justiciables.

Lo anterior obligó a los órganos jurisdiccionales a acelerar la implementación de estrategias que hicieran posible la impartición de justicia a través de medios electrónicos, sin embargo no todas las entidades poseían infraestructura que les permitiera adaptarse de inmediato a las necesidades actuales, a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puso en marcha el juicio en línea desde 2013, algunos tribunales a principios de este año aún no contaban con herramientas básicas  para dar continuidad a sus actividades de manera virtual.

El Poder Judicial de la Federación desde el mes de abril ha implementado innovadoras medidas para garantizar la impartición de justicia durante este periodo en donde debe privilegiarse el distanciamiento social, sin embargo el proceso de transición al uso de plataformas digitales no se ha realizado de manera homogénea en las entidades federativas, pues de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana únicamente 14 poderes judiciales estatales han reactivado actividades a través del uso de herramientas tecnológicas y tan solo nueve han puesto en marcha los juicios completamente en línea.

En este sentido y con el propósito de garantizar a todos los mexicanos el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, el ocho de julio se presentó una iniciativa ante el Senado de la República que busca adicionar un párrafo al artículo 17 constitucional, a fin de incorporar la obligación de todos los poderes y órganos jurisdiccionales de implementar de forma progresiva un sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnologías de la información y  comunicación a efectos de tramitar los juicios y todas sus instancias virtualmente.

De esta manera se pretende lograr que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el acceso a la justicia no sólo de forma presencial, sino también virtual, pues la iniciativa señala que la instrumentación del juicio en línea se propondrá de manera optativa para las partes, considerando que en México no todas las personas cuentan con acceso a internet a pesar de que éste fue reconocido en el ámbito internacional como derecho humano en 2011 y que, desde 2013 el párrafo tercero del artículo sexto de nuestra Constitución prevé la obligación del Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI en 2019 el 43.6% de los hogares no contaba con conexión a internet, mientras que el 55.7% de la población no tenía una computadora en casa, lamentablemente estos porcentajes aumentan en las zonas rurales, en donde las desventajas sociales son más marcadas.

Este complejo escenario aunado a las desigualdades educativas dificulta a los justiciables el acceso a medios electrónicos, pues de acuerdo con el INEGI sólo el 21.7% de la población cuenta con educación media superior y el 18.6% con instrucción superior, situación que impacta en el manejo de herramientas educativas y contribuye a acentuar la brecha digital.

El reto que representa implementar la ciberjusticia traerá consigo otros desafíos, tales como dotar de herramientas e infraestructura tecnológica necesaria a los tribunales, además de brindar capacitación tanto al personal jurisdiccional como a los usuarios para que los procesos sean llevados a cabo correctamente y sin contratiempos.

Sin duda las innovaciones tecnológicas harán posible una impartición de justicia más eficiente y eficaz, sin la existencia de obstáculos relacionados con el tiempo y la distancia; los retos derivados de su implementación deberán ser superados progresivamente con disciplina, capacitación y coordinación al interior de los poderes judiciales, siempre buscando el bien de los justiciables.