Columna De los Ángeles a los Demonios| La importancia de la coordinación interinstitucional para el avance de la justicia digital en Veracruz

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Todo Estado democrático requiere que exista coordinación y colaboración entre los Poderes, entidades e instituciones que lo integran, pues el trabajo conjunto es condición sine qua non para lograr el equilibrio funcional en la estructura gubernamental,  toda vez que la implementación y éxito de estrategias, programas y políticas públicas demanda cooperación e interoperabilidad, sobre todo al tratarse de la garantía de los derechos humanos, tal es el caso del acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución federal, el cual deberá cumplir con los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad.

Todo Estado democrático requiere que exista coordinación y colaboración entre los Poderes, entidades e instituciones que lo integran, pues el trabajo conjunto es condición sine qua non para lograr el equilibrio funcional en la estructura gubernamental,  toda vez que la implementación y éxito de estrategias, programas y políticas públicas demanda cooperación e interoperabilidad, sobre todo al tratarse de la garantía de los derechos humanos, tal es el caso del acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución federal, el cual deberá cumplir con los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad.

El articulo primero de nuestra Carta Magna señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que, atendiendo tal mandato constitucional, los tres Poderes que integran la federación y las entidades federativas tienen el deber de generar condiciones que faciliten su acceso.

En virtud de lo anterior, la cooperación interinstitucional para garantizar a los gobernados el acceso a la justicia de manera pronta y expedita debe realizarse con urgencia, sobre todo en el escenario actual, toda vez que su impartición se ha visto afectada como consecuencia de la implementación de estrategias de distanciamiento social para evitar la propagación del Covid-19.

La emergencia sanitaria ha obligado a los órganos jurisdiccionales a acelerar la transición hacia un nuevo sistema de justicia, pues entre las lecciones que nos ha dejado la pandemia destaca la posibilidad de realizar gran parte de nuestras actividades de manera virtual aprovechando el uso de la tecnología.

En este tenor, uno de los principales retos a los que se enfrenta el Poder Judicial local es la falta de infraestructura tecnológica y la ausencia de un marco normativo que brinde sustento jurídico a la implementación de un sistema de justicia digital, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con dos juzgados de primera instancia mixtos en modalidad digital, éstos ven limitadas sus actuaciones ante la falta de un marco normativo especifico que regule la impartición de justicia virtual de manera integral.

Es importante destacar que a partir del primero de julio el Tribunal Superior local habilitó un sistema electrónico de citas para la recepción de demandas y promociones iniciales de jurisdicción voluntaria en las materias civil, mercantil y familiar, no obstante, las medidas adoptadas resultan insuficientes ante las actuales exigencias de la ciudadanía en el afán de ejercer su derecho a una justicia pronta y expedita, pues tal como ha señalado el Consejo de la Judicatura Federal: “la evolución del derecho de acceso a la justicia exige que su tutela comprenda el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Para hacer efectiva la transición del expediente impreso al electrónico se requiere del esfuerzo conjunto y la interoperabilidad entre los poderes: legislación, administración y jurisdicción, pues los tres retos a vencer son: la actualización normativa a través del trabajo legislativo, los ajustes presupuestales mediante el Ejecutivo y la implementación a cargo del Poder Judicial.

Resulta urgente que el Estado le apueste a la justicia en línea, pues si bien para su funcionamiento se requiere de una importante inversión, en el mediano plazo representaría un ahorro significativo tanto para el gobierno como para los justiciables.

El trabajo coordinado siempre rinde frutos, en este sentido debe privilegiarse la coordinación interinstitucional para que en Veracruz se consolide un sistema de justicia digital que garantice el derecho humano de acceso a la justicia en situaciones ordinarias y extraordinarias, eliminando las barreras geográficas a través de la comunicación virtual para lograr mayor eficiencia y prontitud en la resolución de conflictos.