Chihuahua: Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio

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En la Sierra Tarahumara, los incendios provocados por grupos criminales para apoderarse de la tala ilegal y lavar dinero han dejado decenas de asesinatos de líderes comuneros, así como más de 400 víctimas de desplazamiento forzado desde 2014, según cifras oficiales, aunque la cantidad es mayor.

El olor a quemado invadió la Sierra Tarahumara, en el norte de México. La densa neblina causada por el humo de los incendios serpentea sobre los ríos de la región. En los cerros y barrancas se propagan hileras de fuego al pie de pinos y encinos ya chamuscados. En la carretera rumbo a Bocoyna, la humareda llegó a obstruir por completo la visibilidad de los caminos hasta alcanzar a las comunidades que han tenido que aprender a combatir incendios. 

“Es la sequía”, asegura un transportista, mientras surca las barrancas de la sierra chihuahuense, afectada por el incremento de incendios desde hace al menos cinco años. “Con los vidrios de las botellas quebradas, es más fácil que se quemen los cerros con el calor intenso. O los hombres que también andan ahí, que talan y queman”, detalla, para explicar la devastación del paisaje.

El joven transportista se refiere a integrantes de los grupos delictivos que buscan apoderarse del negocio de la tala clandestina que les permite lavar dinero o sembrar droga.

A partir de 2017, los carteles de Juárez y de Sinaloa incursionaron en ese mercado que ha devastado varios predios particulares y ejidos completos, y se disputan el control de ese territorio. Por ejemplo, Panalachi es el ejido más grande de esa región que ha sufrido la tala ilegal con 447 ejidatarios.

La defensa que hacen las comunidades del territorio en la Sierra Tarahumara se concentra en luchar contra esa tala ilegal. En cada municipio de la región, los grupos delictivos operan de manera distinta, pero la consecuencia es la misma: el despojo para controlar el territorio. La situación ha generado alrededor de 30 homicidios de líderes indígenas en los últimos 20 años y cientos de familias desplazadas de manera forzada. 

Según cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), más de 420 personas en la Sierra Tarahumara han sido desplazadas de manera forzada de 2014 a la fecha.

El número oficial de personas desplazadas, no obstante, es una aproximación, debido a que, por lo general, las víctimas no denuncian porque el problema provoca miedo, por el entorno violento y las amenazas que viven las comunidades. Lo único que buscan es salvar su vida. 

Lo cierto es que, por lo menos desde 2011, se han dado desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara, sin que hayan quedado registrados en las oficinas gubernamentales. En abril de ese año, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados llegó en camionetas pick up para disparar hacia las casas, tiendas e iglesias del poblado de Jicamórachi, en el municipio de Uruachi, que colinda con el estado de Sonora.

En ese entonces, los enfrentamientos eran entre los grupos de La Línea, que es el brazo armado del cártel de Juárez, contra el cártel de Sinaloa. Este último acababa de ingresar a esa región para pelear la plaza. Familias completas, incluyendo ancianos y niños, durmieron en el monte alrededor de diez días, hasta que llegaron militares a instalarse en la escuela del pueblo para contener las agresiones. De 122 familias que habitaban Jicamórachi en aquel momento sólo se quedaron 40. El resto huyó hacia el estado de Sonora o hacia otras ciudades de Chihuahua. Desde aquel día, el pueblo no tiene médico.

De acuerdo con Irma Villanueva Nájera, directora de la CEAVE, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.

La comunidad de El Manzano, también en el municipio de Uruachi, comenzó a vivir desde 2015 uno de los casos de desplazamiento más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La primera ocasión, alrededor de 35 personas de diferentes familias tuvieron que huir caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.

Un año después, salió otro grupo de más de 60 personas de la misma comunidad, porque no habían cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los habitantes desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus seres queridos. El último fue en 2018.

En ese año, el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares, regresaron a sus casas, resguardadas por la Policía Estatal. 

En el municipio de Uruachi no se han registrado incendios masivos provocados. Ahí, la forma de dominar es a través de la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, alias El Chueco –perteneciente al cártel de Sinaloa–, que ha impedido el desarrollo forestal, según testimonios de habitantes del lugar.

Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta desde el exilio.

Homicidios

El problema más grave de tala clandestina en el estado de Chihuahua, por el daño ambiental y humano que ha generado, son los incendios provocados, principalmente en el municipio de Bocoyna. En ese lugar, las autoridades estatales y federales han documentado el modus operandi de los grupos armados que controlan la región: cortan los árboles y, posteriormente, incendian el área. 

El titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, ha reconocido a esta como una zona en disputa por el trasiego de droga y madera. En julio de 2020, dio a conocer que las ganancias de la tala clandestina se estiman entre los 75 mil y 220 mil pesos (entre 3 mil 700 y 11 mil dólares) por cada camión cargado con madera.

Diez líderes ejidales fueron asesinados en abril del año pasado en Bocoyna. Entre ellos, los hermanos Joel y Adán Zamarrón, presidente y ex presidente del ejido El Retiro y Gumeachi, respectivamente. También mataron a su tío Juan Zamarrón, quien estaba intentando presentar la denuncia cuando se decretó la pandemia, de acuerdo con el abogado y activista Jaime García Chávez. Sus familias se encuentran desplazadas desde entonces.

El año pasado también asesinaron a un ejidatario de San Luis Majimachi, en la comunidad de Pito Real, así como a otro hombre que pertenecía al consejo de vigilancia del ejido. José Carlos González, a quien apodaban El Ogro, fue asesinado en San Juanito. Era ex comisariado ejidal de Sisoguichi, uno de los pueblos principales de Bocoyna. 

En marzo de 2020, igualmente en Sisoguichi, asesinaron a seis personas más, entre ellos a un niño. Iban por autoridades ejidales de Panalachi. Ese mismo día sacaron de su casa a Carlos Lozano, presidente del comisariado de Panalachi, y lo arrastraron en una camioneta pick-up hasta matarlo.

En diciembre de 2018, un grupo de la comunidad Bahinocachi del municipio de Panalachi llegó a la ciudad de Chihuahua para pedir atención y protección de las autoridades federales y estatales, por las amenazas constantes de los grupos armados que estaban destruyendo al bosque.

Ya desde febrero de ese año habían denunciado la aparición de 200 camiones cargados de troncos grandes y gruesos de pinos, conocidos como troceros, sin los permisos correspondientes. No habían tenido respuesta, de acuerdo con la organización que dio acompañamiento jurídico a los pobladores de ese ejido, el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi).

El director de Desarrollo Forestal, Refugio Luna García, aseguró en entrevista que, aunque ahora se detuvo la tala clandestina en ese ejido, la comunidad no ha recobrado su estabilidad.

Bocoyna es, sin embargo, sólo uno de los municipios que han perdido líderes ejidales o indígenas por causas medioambientales.

En 2020, a unas tres horas de ahí, la comunidad indígena Arroyo del Pajarito, del municipio de Guachochi, denunció ante el gobierno federal las amenazas que han recibido. La respuesta que obtuvieron de la autoridad fue que acudieran a la Fiscalía General de Chihuahua. Al final, los “talamontes sicarios”, como les llaman, terminaron de deforestar la comunidad y se cambiaron a otra al norte de la cabecera.

Lavado y tráfico de madera

Juan Carlos Segura, encargado de la Subdelegación de Recursos Naturales de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chihuahua, coincidió en que la tala se ha incrementado de manera alarmante en algunas regiones del estado y se ha convertido en la principal amenaza de los recursos forestales por el involucramiento de las organizaciones delictivas, que impiden el acceso a las autoridades para sus labores de inspección y vigilancia.  

La Profepa tiene detectados cuatro municipios con mayor problemática, en función de que ahí se encuentran los principales centros de industria maderera establecida: San Juanito, Bocoyna, Tomóchi, Guerrero, Guachochi y Ocampo, en donde los encargados de esas empresas son obligados a comprar madera de manera ilegal, por amenazas de los grupos ilegales, mencionó Segura.

«Se han evidenciado rutas de transporte y comercialización en localidades donde mayormente, en la Sierra Tarahumara, se encuentran centros madereros, así como en la ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Juárez y Santa Bárbara», agregó.

Por su parte, el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Alonso Heredia Sapién, reconoció que en ese estado se lava dinero con el negocio de la madera y que esa actividad está ligada a la extorsión, amenazas, robo y asesinatos, pero la ciudadanía y los mismos funcionarios le temen a los grupos delictivos que operan en la región y por eso no denuncian.

El funcionario de Semarnat informó que las pérdidas por el lavado de dinero en la entidad se estiman en 2 mil 500 millones de pesos (125 millones 355 mil dólares) al año, la misma cantidad que genera la producción forestal. 

En una audiencia pública sobre la tala clandestina efectuada el martes 29 de junio, promovida por organizaciones defensoras del territorio, Gustavo Heredia solicitó a las autoridades responsables de la seguridad pública y a los legisladores ver el problema integral y reformar las leyes para vincular todos estos delitos relacionados.

Heredia explicó que la tala ilegal es un robo directo a los ejidos, particulares o comunidades y describió el proceso de la comercialización de la madera: la dependencia entrega una guía forestal para demostrar la autorización para cortar esa madera (para comprobar la legalidad), que es una especie de factura –los ejidos y aserraderos no usan facturas– y esa es alterada por quienes trafican con la madera. 

Otro documento que da la Semarnat dentro de la cadena de transporte y comercialización de la madera, es cuando la entregan en los centros de almacenamiento, en ese momento le llaman “madera cerrada”. 

En ese punto del proceso, los encargados deben solicitar un código autorizado de origen inmediato, pero las autoridades han detectado que dicho código también es alterado porque los traficantes de madera agregan números a la cantidad transportada para reportar y justificar más volumen del autorizado. En ese momento se concreta el lavado de dinero, que logran con amenazas, extorsión y homicidios.

Las consecuencias de la tala ilegal, recapituló Heredia, son la migración (desplazamiento forzado), afectación a la economía legal y al patrimonio particular, inseguridad y múltiples violaciones a los derechos humanos. «En conclusión, es un mercado ilegal, lavado y evasión fiscal».

De 2014 a 2018 se deforestaron 26 mil 200 hectáreas en Chihuahua, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El volumen autorizado para reforestar, con cifras de la Secretaría de Desarrollo Rural, es de 2.5 millones cúbicos volumen total, es decir, desde el tronco hasta las ramas, de los cuales 1.8 millones corresponde al pino y 400 mil a otros. Los municipios con más aprovechamiento forestal son Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Ocampo, Temósachi, Madera y Casas Grandes.

Los aserraderos en Chihuahua también son de los más importantes en el país por la cantidad de madera que manejan en varios niveles, es decir, desde la venta de troncos hasta la fabricación y venta de muebles elaborados con pino y encino. Además, en la barranca de Guadalupe y Calvo también extraen cedro rojo y caoba. Los grupos criminales también han tomado control de ellos.

El responsable de la Conafor en Chihuahua, Manuel Chávez, reconoció el problema y dijo que también a ellos les dificulta el trabajo porque es común que los grupos delictivos roben las “guías” o permisos para transporte de madera, para demostrar o simular que tienen un origen legal, ya que en muchas ocasiones hay productores coludidos.

“A finales de 2018, tuvimos la visita de la secretaria de Semarnat y del director de Conafor (Josefa González Blanco Ortíz Mena y Salvador Arturo Beltrán Retis), invitados por el gobernador (Javier Corral Jurado); aún no entraban en funciones (el gobierno federal), pero se les invitó para que conocieran la problemática del municipio de Bocoyna. Se hizo una estimación de 15 mil hectáreas aprovechadas de manera ilegal. Entre ellos estaban La Laja y otros 15 predios más, aproximadamente, entre particulares y ejidos”, refirió el director de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, Refugio Luna.

A la situación de sequía y tala clandestina se suma un fuerte recorte de presupuesto para el combate de incendios en Chihuahua: en 2010 era de 19 millones de pesos (96 mil dólares), fue en ascenso hasta 2013 con 135 millones (680 mil dólares). Este año disminuyó 12 por ciento con respecto de 2013.

Para 2021, el gobierno federal asignó 16.5 millones de pesos (832 mil dólares) a Chihuahua para el combate a incendios, de los cuales 13 millones (655 mil dólares) llegaron a través de los municipios y 3.5 millones (176 mil dólares) a través de reglas de operación mediante el gobierno del estado, explica Luna.

El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que la Conafor redujo el 62 por ciento los recursos de 2013 a 2020. De 6 mil 904 millones (349 millones de dólares) que percibió en 2013, en 2017 tenía 4 mil millones (201 millones de dólares), el año pasado recibió 2 mil 586 millones (130 millones de dólares) y este año, le etiquetaron 2 mil 762 (139 millones de dólares).

Austeridad contra incendios

Chihuahua es el estado que más incendios ha registrado en el país. Hasta el 25 de junio de 2021, la Conafor y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal, contabilizaron 596 siniestros con 78 mil 430 hectáreas afectadas, que representan más del 200 por ciento que el año pasado. Un día después, una granizada amainó el desastre, aunque desde Guadalupe y Calvo aún se observaban columnas de humo. 

Ante la situación de emergencia, asociaciones de productores y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondieron para contener el fuego y evitar que llegara a las comunidades. Las asociaciones de productores también dejaron de recibir apoyos para brigadas por las reglas de operación que cambiaron con el actual gobierno.

El mes pasado, el fuego alcanzó la comunidad de San Juanito, cabecera municipal de Bocoyna. Hombres, mujeres y adolescentes, acudieron a sofocarlo con lo que podían, tuvieran o no experiencia. Así, con picos y palas ciudadanos, brigadistas y asociaciones de productores combatieron el incendio que duró alrededor de 10 días. La situación se vivió en once municipios más.

A unos 700 kilómetros, en una comunidad indígena de casas dispersas entre barrancas imponentes, se encuentran sentados Santiago y José. Afuera de una escuela rural sobre el acantilado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, ambos observan las columnas de humo que salen de los barrancos. Con sus pies surcados por el campo y un español entrecortado, el parlanchín José recuerda su niñez como una época de mucha libertad y trabajo para cuidar la naturaleza.

“Aquí jugábamos siempre, ahora hay que tener más cuidado. Había mucha agua, oiga. Ahora ni eso va a haber. Si no hay pinos no hay agua. Y ahí andan incendiando, cortando pinos”, lamenta José una y otra vez.

“Es muy triste ver cómo se acaban los bosques. Las nuevas generaciones ya no los cuidan igual, es muy triste. Ahí andan cortando como si nada, se llevan los cadáveres (troncos) más grandotes”, comenta Santiago, un anciano canoso con cataratas, mientras sostiene un bastón de pino y un sombrero.

Entre la evidente sequía y las fumarolas provocadas por los incendios, tráileres cargados de troncos gruesos no cesan de transitar entre barrancos, valles, pueblos y ciudades, ante la mirada de los habitantes de los diferentes pueblos de la Sierra Tarahumara, que sólo exclaman: “esos troncos están hermosos y enormes, lástima”.

Fuente: Proceso.