Acusan a AMLO de racista y promotor de violencia contra indígenas por acuerdo sobre megaobras

- en Carrusel, Nacional

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xílnbal exigió la derogación del acuerdo presidencial “porque va en contra de las normas éticas y morales debidas a los pueblos originarios en la comunidad de Naciones Unidas”, e insistió en su demanda de cancelar el «mal llamado» Tren Maya.

 La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xílnbal acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de “racistas y promotores de la violencia contra los indígenas”, al emitir el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional las mega obras de su administración como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

En una carta abierta dirigida al mandatario, la organización indígena, que ha promovido recursos jurídicos contra el Tren Maya, consideró que el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre, pretende “establecer un estado de excepción en contra de los pueblos originarios de México”.

 

Al exigir la derogación del acuerdo “porque va en contra de las normas éticas y morales debidas a los pueblos originarios en la comunidad de Naciones Unidas”, la Asamblea Múuch’Xílnbal insistió en su demanda de cancelar el “mal llamado” Tren Maya, al que considera “es un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado -técnica, política y socialmente- corrupto, corruptor y trasgresor de los convenios internacionales contra el etnocidio”.

La organización indígena, a través de su coordinadora Anahí Haizel de la Cruz Martín, recordó que el domingo 21 dirigió al presidente otra carta abierta en la que alertó que había solicitado medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los constantes ataques y señalamientos de funcionarios de gobierno federal en contra de organizaciones indígenas que se oponen al Tren Maya.En la misiva del domingo resaltaron que “quienes más se han empeñado en denostarnos agredirnos e intentar lincharnos y criminalizarnos públicamente son el director de Fonatur, Sr. Rogelio Jiménez Pons, y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués”.Del último funcionario, destacaron que la inauguración del tianguis turístico de Mérida, se refirió a las organizaciones indígenas que han recurrido a la justicia federal para impugnar la construcción del Tren Maya como parte del “cartel de ampareros”, identificando a los opositores de la mega obra con delincuentes, “como si recurrir a la Ley constituyera un delito”.

Al recordar que en su intervención Torruco dijo que los “ampareros”, les “hacen los mandados” a los miembros de la administración federal, la Asamblea Múuch’Xílnbal preguntó al presidente “¿Qué sigue después señor presidente? ¿Ya tocaron fondo sus sicarios de Turismo o que otras ofensas, insultos y mentiras se les ocurrirán? ¿Hasta cuándo van a continuar financiando la 4T -con dinero público- estos atropellos y esta campaña de agresión y desprestigio en nuestra contra?”.

En la nueva carta de este miércoles, la organización indígena advirtió que la respuesta que recibieron de su carta del domingo fue el acuerdo presidencial.

“Al día siguiente, señor presidente, su decreto fue la respuesta más clara. Desde nuestra perspectiva de pueblo originario de la Península Maya lo que usted está intentando con su decreto del lunes 22 es la creación de un estado de excepción contra nuestros derechos indígenas”, apuntó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xílnbal.

Tras recordar que en los últimos tres años de su gobierno “más de un centenar de defensoras y defensores de los derechos humanos e indígenas han sido asesinados en México”, la organización responsabilizó a López Obrador, a Jiménez Pons y a Torruco Marqués “de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xílnbal, pues su reiteradas difamaciones nos han puesto -con toda intención criminal- en una situación vulnerable”.

Fuente: Proceso