Este grupo es parte de más de 2,200 personas que el propio gobierno indicó que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló este martes que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones presidenciales al menos 158 niños fueron detenidos y que algunos de éstos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
Este grupo es parte de más de 2,200 personas que el propio gobierno indicó que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones.
“Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante”, sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en comentarios a la prensa durante la presentación del último informe que su equipo ha elaborado sobre la situación en Venezuela en el último año.
Sus indagaciones incluyen lo que ha ocurrido en la fase crítica que se abrió el pasado 28 de julio, día en el que se celebraron elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin presentar las actas de votación que lo certifiquen.
La oposición, por el contrario, publicó la mayor parte de esas actas para apoyar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador por un amplio margen.
Valiñas sostuvo que la respuesta represora de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados alineados con el gobierno fue “orquestada por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el presidente Maduro“.
“No sólo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral”, recalcó.
Indicó que la Misión ha documentado 25 muertes durante las protestas, la mayoría de jóvenes menores de 30 años y de barrios populares.
Denuncian persecusión política también
El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, dijo este martes la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en el país.
Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano“, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.
La Misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.
El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.
Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.
Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio.