Después de más de 12 años, 9 meses y 27 días en prisión, Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí originario de Temoaya, recuperó su libertad tras un proceso marcado por graves irregularidades. Fue sentenciado en 2014 a más de 43 años por hom1(1d10 y permaneció recluido en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) acreditó violaciones al debido proceso: no contó con intérprete pese a autoadscribirse como indígena, no tuvo defensa con enfoque intercultural y su contexto de pobreza y marginación fue ignorado.
Para lograr la amnistía, su familia tuvo que pagar 660 mil pesos por reparación del daño: 300 mil fueron cubiertos por el Poder Judicial y 360 mil reunidos por su esposa, Carmela Flores, quien empeñó y vendió bienes hasta perder su casa.
Durante su encarcelamiento, la familia sufrió pérdidas irreparables, incluida la muerte de su hija de 26 años, quien estudiaba Derecho con la esperanza de defender a su padre.
Tras protestas y la presión del colectivo Haz Valer Mi Libertad, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México hizo efectiva la amnistía.
Hoy, Tomás Gabriel está libre. Pero su caso deja una pregunta que incomoda: ¿quién devuelve el tiempo perdido cuando la justicia llega demasiado tarde?
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FUENTE: Que Noticia
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