Recalcó que se garantizará la impartición de justicia y se comprometió a actuar y estar del lado de la ley y la justicia.
A su vez la procuradora estatal de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarib Hernández García, dijo que en la protección de niñas y niños no puede haber omisiones y si las hubo, habrá consecuencias.
En la conferencia participó la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, dio a conocer las determinaciones tomadas por el gobernador Salomón Jara Cruz. Dijo que ante la destitución de las tres funcionarias la Secretaría a su cargo, hará las investigaciones que se requieran, se determinará la responsabilidad administrativa que se acredite, así como el procedimiento penal que se requiera.
“Ningún servidor público puede quedar impune por no realizar sus facultades correspondientes”, señaló Reyes López asegurando que esa es la instrucción del gobernador Jara Cruz.
Este hecho ocurre en medio de diversas denuncias contra un albergue infantil del DIF Oaxaca, que preside Irma Bolaños Quijano, en la que se acusa actos de maltrato y robo del dinero de tarjetas Bienestar a las y los menores albergados en ese lugar, así como de nepotismo.
Por eso apenas unas horas antes de la tragedia ocurrida en el albergue Casa Pato, el gobernador había descartado los hechos y señaló que en realidad lo que ocurría era “desinformación de mala fe”. Las quejas habían sido presentadas, incluso, en la Cámara de Diputados federal por parte de las legisladoras Margarita García y Araceli Cruz, ambas del Partido del Trabajo.
En conferencia de prensa, Jara Cruz también destacó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había realizado una investigación deslindando a la institución de las denuncias presentadas y aseguró que no encontró ninguna irregularidad, también por medios de comunicación locales.
No se ha determinado el por qué estas niñas de seis años y su madre se encontraban en el Centro de Asistencia Social Casa Pato, donde solo se puede llegar de dos maneras, una por el aseguramiento por parte de autoridades migratorias o por su propia voluntad, de ahí que tanto Jara Cruz como Romero López asumieron la responsabilidad de los hechos y se comprometieron con esclarecer lo sucedido.
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