Todo Estado democrático requiere que exista coordinación y colaboración entre los Poderes, entidades e instituciones que lo integran, pues el trabajo conjunto es condición sine qua non para lograr el equilibrio funcional en la estructura gubernamental, toda vez que la implementación y éxito de estrategias, programas y políticas públicas demanda cooperación e interoperabilidad, sobre todo al tratarse de la garantía de los derechos humanos, tal es el caso del acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución federal, el cual deberá cumplir con los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad.
